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Hace tiempo, la intermediación inmobiliaria estaba regulada por el Real Decreto 3248/1969, de 4 de diciembre, en el que se describían las funciones del Agente de la Propiedad Inmobiliaria (API). Se exigía como requisito necesario estar en posesión del título profesional expedido por el Ministerio de la Vivienda, además de estar inscrito en el colegio correspondiente. La redacción del artículo 5 del decreto, que imponía determinados requisitos, era considerada limitadora del ejercicio, quedando excluido de actuar como intermediario inmobiliario todo aquel que careciese de ellos y que no pudiese ser calificado como API.

El 23 de junio de 2000 se aprobó el Real Decreto-Ley 4/2000, de Medidas Urgentes de Liberalización en el Sector Inmobiliario y Transportes. Su importancia residía en el artículo 3, en el que se eliminaban condiciones para el ejercicio de la actividad de intermediación inmobiliaria. Fue una liberalización total: ni Colegiación ni título eran necesarios; solo se exigía el alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

Ese hecho ha propiciado la aparición en el mercado de agentes oportunistas, que operan sin la necesaria capacidad, y causan perjuicios y vulneran los derechos de los consumidores. En el caso de Cataluña esta liberalización fue limitada y controlada por la ley 18/2007, de 28 de diciembre, del Derecho a la Vivienda.

Aun así, a mi parecer, estas medidas siguen siendo escasas y dan lugar a que un alto porcentaje de los potenciales compradores consideren que el API es una figura prescindible en la actualidad. Es por este motivo por el que quiero hacer un recordatorio de las funciones del API estipuladas en la normativa jurídica de 1969 para responder a la pregunta ¿por qué vender tu vivienda por mediación de una agencia inmobiliaria?

En el artículo 1 del RD de 1969 se describían las funciones que podían desempeñar quienes, según la norma, adquiriesen la condición de Agente de la Propiedad Inmobiliaria:

Art. 1: Son funciones de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria la mediación y corretaje en las siguientes operaciones:
a. Compraventa y permuta de fincas rústicas y urbanas
b. Préstamos con garantía hipotecaria sobre fincas rústicas y urbanas.
c. Arrendamientos rústicos, cesión y traspaso de estos.
d. Evacuar las consultas y dictámenes que les sean solicitados sobre el valor en venta, cesión o traspaso de los bienes inmuebles a que se refieren los tres apartados anteriores.

Es posible que estos términos no signifiquen mucho para la mayoría. Lo que sí lo hará es que contratar los servicios de un API para la intermediación inmobiliaria garantiza la seguridad de una transacción siempre dentro de la ley (en caso de no hacerlo se responde con un seguro de responsabilidad civil), además de aumentar exponencialmente las posibilidades de venta de su inmueble.